Comunicado contra la carga policial del 10 de febrero de 2012 en Madrid

Desde la Asamblea Popular del Barrio de las Letras, denunciamos la actuación policial de ayer, viernes 10 de febrero de 2012, tras la concentración convocada en la Puerta del Sol contra la Reforma Laboral aprobada mediante  Real Decreto ese mismo día.

La concentración, en la que se manifestaba el rechazo a la violación de los derechos sociales y humanos perpetrada por el capital financiero y sus gobiernos títeres contra el 99% de la población, no estaba autorizada pero sí legitimada. En cambio, conviene señalar que el Gobierno del Estado, pese a estar autorizado, NO está legitimado para adoptar  medidas como la subida de impuestos que no afecta a las rentas más altas, el abaratamiento del despido y la aplicación de recortes  presupuestarios en los servicios públicos; medidas éstas que contradicen  el programa presentado a la ciudadanía en las últimas Elecciones Generales.

La concentración en la Puerta del Sol y el posterior desplazamiento de un nutrido  grupo de manifestantes hacia las inmediaciones del Congreso de los Diputados se desarrollaron de manera pacífica, sin que estuviera justificada la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que fue brutal, desproporcionada y de extrema violencia. La represión física, psicológica y verbal contra un movimiento civil que desde el principio se ha declarado no violento se ha intensificado desde la entrada en funciones de la nueva Delegada del Gobierno (por ejemplo la acción «Yo no pago», Asamblea General de SOL, encuentros en plazas de barrios y pueblos, etc.). Esta actuación vergonzosa contra el ejercicio de libertades fundamentales y constitucionales no sólo no es necesaria sino que tampoco es gratuita: el dinero de los contribuyentes debería destinarse a cubrir las necesidades básicas de la población (sanidad, educación, servicios sociales, etc.).

Mediante este comunicado,  dirigido a toda la población, hacemos un llamamiento especial a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no olviden que están al servicio de la sociedad, que forman parte de ella y que tienen la capacidad de atender a su conciencia frente a la imposición de órdenes represivas contra las personas.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE UN MOVIMIENTO SOCIAL QUE VELA POR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA Y REUNIÓN.

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