JORNADA SOBRE HIPOTECAS Y DESAHUCIOS.

VIERNES 19 DE OCTUBRE. CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES DE COLLADO VILLALBA (c/RINCÓN DE LAS HERAS, 10). 18H A 20H

PONENTES DE LA PLATAFORMA AFECTADOS POR LA HIPOTECA:

Hipatia Cóndor: afectada por la hipoteca y economista

Felicitas Velázquez: coordinación de acción contra los desahucios de la C. de Madrid

Manuel San Pastor: abogado

EL ACCESO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA “El derecho a la vivienda y el reconocimiento de ésta como bien de primera necesidad se recoge por primera vez en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más de cincuenta años después la vivienda sigue siendo un problema en muchos lugares. En España, se recoge el derecho a la vivienda en el artículo 47 de la Constitución de la siguiente manera: «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La Comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Todos los planes de vivienda que establecieron en España los distintos gobiernos, desde la época del desarrollismo, se han caracterizado por dos aspectos: se presentan como forma de dar satisfacción a una necesidad social y al mismo tiempo van acompañados de objetivos económicos ajenos a la política de vivienda. Las consecuencias de este esquema han sido: Fomento del acceso a la vivienda a través de la propiedad. Carencia de un parque de viviendas sociales gestionadas directamente por la administración pública o por entidades sin ánimo de lucro. Deterioro del parque de alquileres. Mientras que un gran sector de población tiene dificultades para acceder a una vivienda, la estructura legal en vigor hace más rentable la promoción de viviendas de lujo o las segundas viviendas. Son el mercado y la demanda, muchas veces basada en la inversión, y no en el uso, los que deciden qué, cuánto y cómo se construye, y ni la legislación urbanística, ni los planes de vivienda, ni los incentivos fiscales, ni los planes generales están diseñados para contrarrestar las decisiones del sector inmobiliario. Al convertirse la vivienda en una inversión de alta rentabilidad, las entidades bancarias comenzaron a aprobar hipotecas a personas cuyo ratio económico se alejaba del mínimo para afrontar los pagos. Y como consecuencia, al explotar la llamada “burbuja inmobiliaria” asistimos hoy a una oleada de desahucios que dejan en la calle y sin solución, a miles de familias, al mismo tiempo que muchos hipotecados siguen pagando unas viviendas sobrevaloradas en el momento del auge y que en la actualidad se han devaluado en hasta un 50 y 60%.”